EL TIEMPO: Manejo de crisis: la vocería jurídica de LAW WORK en el caso American Park

Manejo de crisis: la vocería jurídica de LAW WORK en el caso American Park

El sábado 25 de julio de 2026, un incidente ocurrido en un tobogán del parque de diversiones American Park —ubicado en el complejo El Molino Gourmet, sobre la vía Fusagasugá–Pasca, en Cundinamarca— comenzó a circular en redes sociales acompañado de fotografías de una visitante recibiendo atención. En pocas horas, la versión dominante hablaba de una mujer lesionada, aunque ni la Policía ni el Cuerpo de Bomberos habían recibido reportes de un hecho de esas características.

Ese vacío de información es, precisamente, el terreno donde se define una crisis empresarial. Y es también el momento en que la vocería jurídica deja de ser un trámite formal para convertirse en la herramienta que protege, al mismo tiempo, la reputación y la posición legal de la organización.

Una crisis que nació en redes antes que en los expedientes

El caso tuvo una característica que hoy repiten casi todas las contingencias empresariales en Colombia: la narrativa pública se construyó antes de que existiera un solo documento oficial. Circularon imágenes descontextualizadas, se atribuyó una gravedad no verificada y se puso en duda la legalidad de la operación del parque.

Frente a ese escenario, una empresa tiene tres caminos: guardar silencio —que el público suele leer como aceptación—, improvisar una respuesta en redes, o articular una vocería técnica que responda con hechos verificables. American Park optó por el tercero, y lo hizo a través de sus asesores jurídicos.

La intervención de LAW WORK: hechos, no adjetivos

El abogado Fabián Delgado, representante de American Park y miembro de la firma LAW WORK, atendió las consultas de EL TIEMPO y explicó, punto por punto, el estado real de la situación. Su declaración se estructuró sobre elementos comprobables, no sobre descargos genéricos:

• Permisos y estudios técnicos: «es muy importante manifestar que el parque cuenta con todos los permisos», y agregó que también «cuenta con todos los estudios realizados por ingenieros. El plan de contingencia ya fue presentado».
• Pólizas activadas: «contamos con pólizas, por ende, la atención que se le prestó a la persona pues fue inmediata».
• Protocolo ejecutado: «se acudió al plan de llamar a la póliza de seguro, activarla, y dirigir a la persona al centro de atención de salud más cercano, que es el hospital San Rafael de Fusagasugá».
• Personal capacitado: «se presentaron todos los primeros auxilios como debe ser», dado que los trabajadores «tienen capacitación para eso mismo, en el tema de primeros auxilios».
• Seguimiento posterior: la organización continuaría monitoreando el estado de salud de la visitante, quien pidió salida voluntaria del centro médico esa misma tarde y no presentó «mayor riesgo».

El vocero cerró con un llamado a la ciudadanía «a la tranquilidad» y «a la confianza por la organización», subrayando la «activación de los planes, los protocolos, las pólizas y todo lo demás».

Por qué importa quién redacta el comunicado

Tras la difusión del caso, American Park emitió un comunicado oficial a través de sus asesores jurídicos de LAW WORK. En él precisó que la visitante presentó «un episodio de malestar (aparentemente relacionado con un cuadro de nerviosismo)», que fue atendida de inmediato, que ya había sido dada de alta «sin lesiones de gravedad ni afectaciones importantes» y que los gastos médicos fueron cubiertos por la póliza de asistencia que adquiere cada visitante al comprar su ingreso.

Ese detalle no es menor. Un comunicado de crisis redactado sin filtro jurídico suele incurrir en dos errores costosos: admitir responsabilidad de forma implícita o, en el extremo opuesto, negar hechos que después resultan documentados. Cualquiera de los dos puede terminar como prueba en un proceso civil, administrativo o de protección al consumidor.

Un comunicado revisado por abogados, en cambio, cumple tres funciones simultáneas: informa a la opinión pública, no compromete la defensa futura de la empresa y demuestra diligencia ante las autoridades que puedan iniciar una verificación.

El marco legal que respalda la respuesta

En Colombia, la operación de parques de diversiones y atracciones mecánicas está regulada por la Ley 1225 de 2008, que fija condiciones de funcionamiento, mantenimiento y seguridad, e impone la contratación de pólizas de responsabilidad civil extracontractual. A ello se suma el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), que consagra el derecho a la seguridad e indemnidad de los consumidores y el deber de idoneidad de los bienes y servicios ofrecidos, con la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad competente.

En materia indemnizatoria, resultan aplicables los artículos 2341 y 2356 del Código Civil sobre responsabilidad extracontractual y actividades peligrosas, régimen bajo el cual la carga de acreditar la diligencia recae en buena medida sobre quien desarrolla la actividad.

Visto así, cada afirmación del vocero de LAW WORK cumplió una función jurídica precisa: los permisos y estudios de ingeniería acreditan cumplimiento normativo; el plan de contingencia y la capacitación en primeros auxilios acreditan diligencia; la activación de la póliza acredita cobertura efectiva del riesgo. No fue un discurso de relaciones públicas, sino la exposición ordenada de un expediente de cumplimiento construido antes del incidente.

Cinco lecciones para las empresas

• La crisis se gana antes de ocurrir. Solo se puede citar un permiso, un estudio o una póliza si existen y están vigentes.
• Un solo vocero, con criterio jurídico. Las declaraciones dispersas de empleados o administradores multiplican el riesgo procesal.
• Documentar la atención inmediata. Hora del reporte, primeros auxilios prestados, traslado, activación de la póliza y seguimiento posterior.
• Hablar con hechos verificables. Los adjetivos no defienden a nadie; las fechas, los números de póliza y los actos administrativos sí.
• Responder en horas, no en días. En redes sociales, el silencio prolongado se interpreta como confirmación de la peor versión.

Preguntas frecuentes

¿Debe una empresa pronunciarse antes de que haya un informe oficial? Sí, siempre que se limite a hechos que pueda acreditar: protocolos activados, atención prestada y cumplimiento normativo. Lo que no debe hacer es anticipar conclusiones sobre causas o responsabilidades.

¿La póliza exonera de responsabilidad a la empresa? No. La póliza cubre la indemnización, pero no sustituye el deber de seguridad ni impide una investigación administrativa o un proceso judicial. Su activación oportuna sí es prueba de diligencia.

¿Por qué es preferible que el vocero sea un abogado? Porque cada frase pública puede convertirse en prueba. Un vocero con criterio jurídico informa sin generar admisiones ni contradicciones que después haya que explicar ante un juez.

¿Qué debe tener listo un establecimiento abierto al público? Permisos y licencias vigentes, estudios técnicos de sus instalaciones, plan de contingencia presentado ante la autoridad, pólizas de responsabilidad civil, personal capacitado en primeros auxilios y un protocolo escrito de comunicación de crisis.