Exfiscal Iguarán Asumirá la Defensa del Padre Fredy Martínez, Acusado de Abuso Sexual
Uno de los procesos penales más seguidos de los últimos años en el Tolima involucra al sacerdote José Fredy Martínez Cruz, reconocido en Ibagué por sus misas de sanación, hoy procesado por presunto abuso sexual. En diciembre de 2021, el exfiscal general de la Nación (2005-2009) Mario Iguarán anunció públicamente que asumiría su defensa, un movimiento que le dio al caso una dimensión adicional dado el perfil del nuevo apoderado.
El proceso contra el sacerdote José Fredy Martínez
Martínez fue capturado en julio de 2021 en Ibagué, tras varias denuncias radicadas ante la Fiscalía por parte de mujeres que señalaron haber sido víctimas de abuso sexual en el marco de su actividad religiosa, en hechos que las denunciantes ubican entre los años 2001 y 2013. La Fiscalía le imputó los delitos de acto sexual violento, acto sexual violento con persona puesta en incapacidad de resistir y acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural, y sucesivas solicitudes de la defensa para revocarla fueron negadas en los años siguientes, al considerar los despachos judiciales que persistía el riesgo para las presuntas víctimas y para el desarrollo de la investigación.
La llegada de Mario Iguarán a la defensa
Iguarán, quien encabezó la Fiscalía General de la Nación entre 2005 y 2009, indicó al anunciar su vinculación al caso que su representado es inocente y que buscaría demostrar que los señalamientos en su contra le habían causado un grave daño. Su llegada como apoderado convirtió el caso en un litigio de alto perfil, no solo por la naturaleza de los delitos investigados, sino por el peso institucional que representa contar con un exfiscal general al frente de la defensa. Bajo su dirección, la defensa ha presentado múltiples solicitudes de libertad y de revisión de las medidas de aseguramiento, la mayoría de ellas negadas hasta ahora por los jueces de conocimiento.
Un litigio que se ha extendido durante años
Desde septiembre de 2023, Martínez cumple sus restricciones bajo brazalete electrónico, con toque de queda, prohibición de salir de la ciudad y de contactar a las presuntas víctimas. En mayo de 2025, la Fiscalía profirió una nueva resolución de acusación por el delito de acceso carnal violento, ligada a una denuncia radicada en 2021. El juicio oral, que involucra a más de siete presuntas víctimas y decenas de testigos por ambas partes, se prolonga hasta la actualidad; en noviembre de 2025 se surtieron nuevas audiencias de testimonios y, para comienzos de diciembre de ese año, un juzgado negó una nueva solicitud de la defensa para levantar las restricciones vigentes, argumentando que estas protegen a las víctimas y garantizan el normal desarrollo del proceso. El caso continuará en audiencias durante 2026.
Lo que este caso plantea sobre la defensa penal en procesos de alto perfil
Más allá del desenlace judicial, que aún no se conoce, este caso ilustra un principio fundamental del derecho penal: toda persona, sin importar la gravedad de la acusación que enfrente, tiene derecho a una defensa técnica calificada. Ese derecho no compite con el de las presuntas víctimas a ser escuchadas, protegidas de la revictimización y acompañadas en el proceso; ambos son pilares de un sistema penal que funciona bajo reglas claras. La alta exposición mediática de casos como este exige, precisamente por eso, un manejo jurídico riguroso y respetuoso del debido proceso, en lugar de anticipar veredictos antes de que el juez se pronuncie.
Conclusión
El caso del padre Fredy Martínez ilustra una tensión que enfrenta cualquier sistema penal serio: garantizar, al mismo tiempo, el derecho de toda persona acusada a una defensa técnica idónea y el derecho de las presuntas víctimas a ser escuchadas y protegidas durante el proceso. Que un exfiscal general de la Nación asuma una defensa no es, por sí mismo, un juicio sobre la inocencia o la culpabilidad del procesado; es el ejercicio legítimo del derecho de defensa que la Constitución colombiana garantiza a cualquier persona, sin importar la gravedad de la acusación ni la presión mediática que la acompañe. Casos como este, que se extienden por años y combinan alta exposición pública con múltiples víctimas y testigos, exigen un acompañamiento jurídico riguroso, tanto para quien enfrenta la acusación como para quienes buscan que sus denuncias sean tramitadas con seriedad.
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